El juez Daniel Rafecas identificó lo que habría sido un centro clandestino de detención durante el 76’ en la calle Bacacay que comparte manzana con Automotores Orletti.

Desde el Juzgado Federal N° 3 a cargo del Juez Daniel Rafecas, confirmaron la identificación de un centro clandestino de detención, tortura y exterminio que funcionó en una casa ubicada en la calle Bacacay, en el barrio porteño de Floresta. Esta casa compartía la manzana con “Automotores Orletti”, el ex centro clandestino que funcionó en 1976 bajo el mando de militares y civiles de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado por el que pasaron, entre tantas otras, víctimas del Plan Cóndor.

La referencia precisa al domicilio de Bacacay 3570 surgió en los documentos desclasificados por el gobierno de Estados Unidos. En uno de ellos se consigna que el inmueble fue alquilado para operaciones oficiales de la SIDE y que allí actuó la banda de Aníbal Gordon, integrante de una patota de la ex SIDE junto a los represores ya condenados Eduardo Ruffo, César Alejandro Enciso, Miguel Ángel Furci, Honorio Carlos Martínez Ruiz.

Además de los documentos desclasificados de EEUU, los datos cruciales para la identificación de que esa era la casa donde operaban fueron los testimonios de tres sobrevivientes y una mujer que había comprado el inmueble en 1977. Todas ellas confirmaron el croquis de la casa de manera casi idéntica.

La última confirmación provino de un dato de una sobreviviente que ya falleció había aportado hace tiempo al respecto del inmueble donde había permanecido cautiva. Se trata de Mercedes Naveiro, quien cuando tuvo que describir el lugar detalló que era una casa que tenía dos cocinas. Desde el despacho de Rafecas se cotejó esa información con otra de las sobrevivientes y se confirmó.

Luego de la confirmación del inmueble, el Juez dictó la prohibición de innovar sobre el inmueble y afirmó que seguirá tomando testimonios como así también fotografías y videos de los ambientes de la casa que pudieran ser reconocidos por testigos. Según consigna Pagina 12, desde el despacho judicial afirman que el “descubrimiento da inicio a una nueva investigación en la cual habría estado comprometido el personal de la Secretaría de Inteligencia del Estado, dirigida por aquellos años por el fallecido General Otto Carlos Paladino”.