La educación es un derecho, pero parece que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no se enteró. Les estudiantes en edad escolar a nivel primario de la Villa 21-24 no tienen garantizadas sus vacantes. 

La Sala 1 de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario ordenó ayer al Ejecutivo porteño la “realización de las obras de infraestructura pertinentes” para poder garantizar el acceso a la educación a quienes aún no lo gozan. El Reglamento escolar vigente establece, además, que dichos establecimientos deben encontrarse en un rango de diez cuadras a la redonda de sus casas. 

La causa de amparo había sido iniciada hace ya diez años, comandada por un grupo de madres que obtuvieron un fallo favorable en primera instancia para la construcción de dos nuevas escuelas dentro de la villa. En ese momento, la cuestión fue apelada por el Ministerio de Educación. 

Diez años en total se tardó en llegar a una definición. En el medio, distintos funcionarios participaron entre 2015 y 2019 de distintas etapas de mediación con les vecines, aunque sin llegar a ningún acuerdo. 

En el fallo de ayer, la jueza Fabiana Schafrik y el juez Carlos Balbín le dieron un plazo de 15 días al ministerio que hoy conduce Soledad Acuña para elaborar un “plan de acción” de obras que satisfaga la demanda de vacantes para “jornada completa”, y que deberá estar listo para el ciclo lectivo de 2021 y 2022. 

Dicho plan de infraestructura será llevado a cabo luego de que en los próximos diez días se realice un censo para definir con precisión cuántos son les pibes que al día de hoy no están escolarizados y siguen sin poder tener una vacante dentro de su propio barrio. 

El Gobierno de la Ciudad había propuesto como medida garantizar el transporte escolar para un grupo reducido de niñes y el acceso a vacantes en dos escuelas pero fuera de la villa, aunque dentro del Distrito 5 del que forma parte el barrio de Barracas. En esos colegios ingresaron 450 pibes y pibas, sin embargo se estima que el déficit supera a les 1000 alumnes. 

Ese número lo precisó en diálogo con el medio El grito del sur el asesor tutelar de Cámara Gustavo Moreno, impulsor en su momento de la mesa de diálogo entre las familias y el Gobierno porteño, quien además agregó: “Ese es el estimativo de chicos que no tienen acceso a una escuela dentro del barrio. Algunos, muy pocos, cuentan con el servicio de traslado a sus respectivas escuelas, pero hay casos de algunos que cursan en Avellaneda y se toman el 37 para ir”. 

La Villa 21-24 tiene hoy más de 80.000 habitantes. Un número muy amplio de habitantes dentro del cual se encuentra una gran cantidad de niñes que, para acceder a sus derechos, deben movilizarse obligatoriamente por fuera de su barrio para cursar, generando aún más gastos extras que muchas veces son imposibles de mantener. 

¿Qué hace falta para que la educación deje de ser un privilegio y pueda efectivizarse como derecho? Una vez más, la educación es libre y gratuita pero no para todxs. 

Por Laila Mason.