La Comisión de Salud de la Legislatura porteña -presidida por Patricia Vischi comenzó este lunes el debate sobre el nuevo protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE).
En el encuentro estuvieron presentes el coordinador de Salud Sexual, sida, ITS del Ministerio de Salud Porteño, Fabián Portnoy, y la doctora Viviana Mazur, quien trabaja en la misma coordinación.
Portnoy explicó que desde el programa que ellos llevan a cabo tienen líneas de “acción prioritaria: facilitar el acceso a métodos anticonceptivos, en especial a los de larga duración (DIU, SIU e implantes); mejorar la respuesta en ILE y la atención post-aborto y el fortalecimiento del trabajo de equipos y redes”.
“De acuerdo a nuestros cálculos tendríamos que llegar con los métodos anticonceptivos a 117.001 mujeres para el año 2019. Para el 2019 contaban con un método entre 74.982 y 85.566 mujeres. Es decir que estaríamos cubriendo entre el 64% y el 73% de la población objetivo”, precisó.
En la Legislatura fue presentado en febrero pasado un proyecto para que la Ciudad adhiera al protocolo nacional por la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito; y el expediente contó con el apoyo de al menos 40 de los 60 diputados porteños.
El protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo a nivel nacional fue emitido en diciembre pasado por la cartera sanitaria a poco de asumir el ministro Ginés González García.
Mazur indicó que “por las causales por violación, una de las cosas que aclara el fallo FAL, es que no se requiere denuncia, es suficiente con la declaración jurada que las personas gestantes ofrecen. Esa causal no siempre es enunciada en la primera consulta, los equipos de salud tienen que plantear y preguntar muchas veces”.
A su vez indicó que “en cuanto al riesgo para la salud o la vida, es necesario aclarar que el riesgo no es certeza sino que es una probabilidad de que un hecho ocurra. Cuando hablamos de riesgo no nos referimos solamente a las dimensiones biológicas, psicológicas y sociales; sino que también las prácticas inseguras son parte del riesgo que se corre si no se da acceso”.
“En la actualidad tenemos 60 instituciones de salud pública que dan respuesta a las interrupciones legales del embarazo, de las cuales 44 son centros de salud y 16 hospitales”, aseguró.
Mazur dio datos de la cantidad de interrupciones que se hicieron en los últimos años: “en el 2014 se hicieron 91 en total; hoy llegamos a una cantidad de 8.388 interrupciones legales en el subsistema público en el 2019. De estas 7.052 se han hecho en el primer nivel de atención y el resto en hospitales”.
En tanto, precisó que “en 2019 hubo 58 niñas de entre diez y 14 años que accedieron a la ILE, 1.133 adolescentes de entre 15 y 19, 2.459 mujeres de entre 20 y 24 años, 2.133 de 25 a 29, 1.365 de 30 a 34 años, 849 de 35 a 39, 321 de 40 a 44 y 18 mujeres de entre 45 a 49 años”.
