Este miércoles se hicieron los últimos ajustes al proyecto de ley que ya comenzó a ser tratado en el Congreso de la Nación.

Este jueves a las 11 de la mañana arrancó en la cámara baja la sesión por el Proyecto de Interrupción legal del embarazo, con la presencia de 150 diputades que dieron quórum en el recinto.

En el día de ayer, el proyecto de regulación de la IVE obtuvo dictamen por amplia mayoría de cuatro comisiones en la Cámara de Diputados. Se estima que el debate podrá extenderse por 24 hs, tratándose primero este proyecto y luego el Plan de los 1000 días. 

La iniciativa del Gobierno Nacional obtuvo modificaciones de último minuto, buscando así asegurar más votos en el Senado. Uno de los cambios contempla la objeción de conciencia en instituciones de salud privadas y de obras sociales, debiendo asegurarse la efectiva derivación a un efector que realice dicha práctica. En el mismo artículo 11° recientemente agregado, se aclara: “Las gestiones y costos asociados a la derivación y el traslado de la paciente quedarán a cargo del efector que realice la derivación”.

Desde el gobierno aclararon que no se crea la objeción de conciencia a nivel institucional, sino que se establece cuál debe ser el modo de actuar de una institución privada en caso de que todos los profesionales se declaren objetores. Y agregaron que tienen la misma responsabilidad frente a la solicitud de una IVE, teniendo que garantizar la derivación para que pueda llevarse a cabo la práctica. 

Por otro lado, el segundo cambio tiene que ver con las personas gestantes menores de 16 años. Se modificó la redacción del artículo pero no los requisitos para que puedan acceder a la IVE, y se sumó que en caso de violación, la obligación de denunciar y dar intervención al organismo de protección administrativo de derechos de cada jurisdicción, no puede obstruir el aborto ni el derecho a la privacidad de quien pase por la intervención. Con esto se busca evitar, por ejemplo, la difusión de datos personales. 

Ambas reformas fueron pensadas en pos de conseguir los votos necesarios en Senadores, luego de que, se espera, entre la madrugada y la mañana del viernes se obtenga la media sanción en Diputados. 

De ser así, la discusión en la Cámara Alta podría comenzar la próxima semana, de modo similar a como se dio en Diputados: dos o tres audiencias informativas con expositores a favor y en contra, y la votación quedaría para después de Navidad, aunque no estaría definida aún la fecha. Podría ser el 29 de diciembre o pasar para febrero.

Los principales puntos del dictamen de mayoría son:

• Despenaliza y legaliza el aborto en las primeras 14 semanas de gestación y más allá de ese plazo, como ya está previsto en el Código Penal –desde 1921– cuando corre riesgo “la vida o la salud integral” de la mujer o persona con capacidad de gestar y en caso de violación. En este último supuesto, se exigirá una declaración jurada pertinente de la persona gestante, ante el personal de salud interviniente. En los casos de niñas menores de 13 años de edad, la declaración jurada no será requerida.
• Las obras sociales y prepagas además de hospitales deben garantizar la práctica de manera gratuita. Estas prestaciones quedan incluidas en el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica y en el PMO con cobertura total, junto con las prestaciones de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo.
• Realizada la solicitud de IVE, en el establecimiento de salud pondrá a disposición de las personas gestantes que así lo requieran –pero no son obligatorios ni condición para la realización de la práctica–, en el marco del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, lo siguiente:

-Información sobre el procedimiento que se llevará a cabo y los cuidados posteriores necesarios.

-Atención integral de su salud a lo largo de todo el proceso.

-Acompañamiento en el cuidado de la salud e información adecuada y accesible a las necesidades de cada persona, científica, actualizada sobre los distintos métodos anticonceptivos disponibles, así como la provisión de los métodos anticonceptivos previstos en el Programa Médico Obligatorio (PMO).