La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito destacó las coincidencias entre su proyecto y el presentado ante el congreso, a la vez que remarcó las diferencias y celebró la iniciativa. 

“El proyecto del poder Ejecutivo recoge parte de la producción colectiva del movimiento feminista y de mujeres”, informó la Campaña al medio Página 12, en lo que fue su primer pronunciamiento a fondo sobre éste. Sumaron además que tiene “coincidencias muy significativas” respecto del proyecto presentado por octava vez en mayo de 2019 por parte de la Campaña. 

No dejaron de manifestar la necesidad de que dicha ley sea tratada de inmediato en el Congreso, a la par de su propio proyecto, y destacaron también las observaciones y diferencias entre ambos: La objeción de conciencia por parte del personal médico, el plazo máximo para acceder a la IVE y la penalización de las personas gestantes que lo realicen luego de la semana 14.  

Ampliando sobre dichas diferencias, argumentaron que la crítica central se basa en la objeción de conciencia para negarse a realizar la IVE, la cual no figura en el proyecto de la Campaña, “por el uso violatorio a los derechos de las mujeres y personas gestantes del que ha hecho abuso el personal médico antiderechos“.

Respecto de la penalización a quienes lo realicen luego de la semana 14, dejaron en claro que “la redacción es ambigua y deja al arbitrio del juez la valoración de las circunstancias”. 

Otro punto de discordancia se centra en el plazo a transcurrir desde que la persona solicite la IVE hasta su efectiva realización. El de la Campaña estipula un plazo de cinco días, mientras que el del Ejecutivo lo amplía a diez días. 

Por último, señalaron que el artículo 12 de del proyecto Ejecutivo, dedicado a la ESI (Educación Sexual Integral), no incluye el derecho a la IVE en el contenido curricular. 

Agregaron que dicho artículo es “un corte y pegue del de la Campaña“, sin añadir el párrafo en el que se establece que “deben incluirse los contenidos respectivos en el currículo de todos los niveles educativos”, y que la IVE debe ser enseñada como un derecho “de las mujeres y personas gestantes“. 

Por otro lado, el texto de la Campaña dispone que la enseñanza de este derecho deberá impartirse “a través de contenidos científicos, laicos, confiables, actualizados y con perspectiva de género“.

Entre las coincidencias existentes entre ambos proyectos, resaltaron las “coincidencias muy significativas” en los “objetivos de garantizar el acceso al aborto legal, seguro y gratuito, lo que permite esperar que, de su tratamiento, resulte una buena ley“. 

Entre esas coincidencias, destacaron “la legalización, despenalización y el reconocimiento del derecho al aborto legal, seguro y gratuito hasta la semana 14 de gestación inclusive, y las causales luego de este período“. Además, resaltaron que el proyecto del Ejecutivo garantiza el acceso “por parte de niñas y adolescentes y personas con discapacidad de acuerdo a la normativa del Código Civil, la existencia de consejerías no obligatorias y su cobertura por los sistemas de salud“. 

Además, el proyecto enviado por el Ejecutivo incorpora la resolución nº 65/15 del Ministerio de Salud de la Nación, que estipula que “deberá protegerse a la mujer y toda persona con capacidad de gestar de injerencias ilegítimas por parte de terceros“. Sobre esto, la Campaña señaló que “curas, activistas fundamentalistas religiosos, novios o maridos que quieran que se continúe con el embarazo y otras personas quedan explícitamente excluidos de opinar e intervenir“. Sobre el acceso a la IVE para niñas y adolescentes, la Campaña celebró que se respeten los avances en relación a la “autonomía progresiva de la voluntad“. 

Destacaron además que en dicho proyecto se especifique que la IVE es un tema de orden público y de “aplicación obligatoria en todo el país”. Agregaron además que el encuadre del texto en el esquema constitucional de Argentina permitirá despejar “falsos argumentos respecto de su inconstitucionalidad“.