El proyecto es del Frente de Todos y propone crear una comisión que investigue una posible defraudación al Banco Nación, en el otorgamiento de créditos a la agroexportadora sobre el final de la gestión de Mauricio Macri.

El Senado debatirá hoy un proyecto para crear la comisión bicameral que investigará si hubo o no defraudación al Estado en el otorgamiento de los créditos que el Banco Nación le transfirió a la empresa agroexportadora Vicentin, sobre el final de la gestión de Mauricio Macri.

La sesión parlamentaria, que se realizará una vez más por videoconferencia en el contexto del aislamiento social por la pandemia del coronavirus, fue convocada para las 15, a través de un decreto firmado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El proyecto de ley para investigar a la agroexportadora santafesina ya obtuvo dictamen la semana pasada en la Comisión de Asuntos Constitucionales, con las firmas del bloque oficialista del Frente de Todos y de su aliado de Juntos Somos Río Negro, según informó  la agencia estatal Télam.

La oposición, encabezada por Juntos por el Cambio, abandonó el debate, luego de acusar al peronismo de pretender avanzar sobre el Poder Judicial y señalar que “la intervención” de la empresa era una maniobra de distracción para “ocultar cuestiones de mucha mayor gravedad”.

El expediente parlamentario fue presentado por el senador oficialista por Neuquén, Oscar Parrilli, y dispone que la bicameral, que estará compuesta por seis diputados y seis senadores, investigue las “presuntas irregularidades que pudieran existir en la relación crediticia entre el Banco de la Nación Argentina y la empresa Vicentin S.A.I.C., posible defraudación y estafa comercial a acreedores, clientes de la firma y/o empresas de Cereales y Soja con las que competía”.

La comisión también deberá alertar sobre “la detección de posibles operaciones de encubrimiento y/o lavado de activos que pudieren ser de origen delictivo y la responsabilidad de la Unidad de Información Financiera (UIF) por incumplimiento en sus obligaciones de control”, e indagar si se “han efectuado giros o movimientos financieros a sus vinculadas en el país y/o en el exterior, afectando dolosamente los ingresos públicos”.