Con un nuevo decreto extendió la normativa para que los despidos o suspenciones injustificados queden sin efecto y se mantengan las relaciones laborales con sus condiciones actuales.

En un contexto excepcional de fuerte contracción económica generada por la pandemia del coronavirus, Alberto Fernández decidió prorrogar por otros 60 días la normativa que prohíbe a las empresas a despedir o suspender a los trabajadores y trabajadoras sin causa justificada o con el pretexto de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo.

“En el contexto de la emergencia pública en materia económica, social y sanitaria, y con el objetivo de continuar implementando medidas dirigidas a mantener el ingreso y el empleo de la población, el gobierno nacional resolvió prorrogar la prohibición de efectuar despidos sin justa causa, y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, por el plazo de 60 días“, informaron desde Casa Rosada.

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 487/20 que fue publicado hoy en el Boletín Oficial establece que “aquellos despidos o suspensiones que se dispongan en violación a lo dispuesto por este decreto no producirán efecto alguno, y se mantendrán vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales“.

El Gobierno fundamenta la prórroga de la prohibición a despedir trabajadores ya que previamente se tomaron una “serie de medidas que tienen como objetivo ayudar a las empresas a sobrellevar los efectos de la emergencia, entre ellas, la postergación o disminución de diversas obligaciones tributarias y de la seguridad social, la asistencia mediante programas específicos de transferencias de ingresos para contribuir al pago de los salarios y la modificación de procedimientos para el acceso a estos beneficios“.

El decreto también dispone que “quedan exceptuadas de esta prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo”, es decir, las pactadas individual o colectivamente u homologadas por la autoridad de aplicación.

La nueva medida entrará en vigencia a fin de mes, cuando venza el primer decreto firmado para cuidar los puestos de trabajo en medio de la fuerte retracción de la economía, cómo consecuencia del aislamiento social impulsado por el Gobierno para evitar una crisis sanitaria.