Andrés IEM y Horacio Azzolin, los fiscales federales en el caso de Facundo Astudillo Castro, aseguraron que tienen evidencias suficientes sobre los agentes de la Policía Bonaerense de Villarino que “permitirían analizar un esquema de actuación sistematizada, coordinada y organizada en torno a la búsqueda de Facundo encaminada a entorpecer el curso de la investigación”.
Es por esto que elaboraron una solicitud de medidas de prueba que incluyó el secuestro de 50 celulares utilizados por los rangos superiores de los policías sospechados, el allanamiento de las comisarías de Teniente Origone y General Daniel Cerri, y otras sedes policiales donde se encontraron objetos y rastros de ADN compatibles con Astudillo Castro.
Pese a esto el Juzgado a cargo de la causa rechazó la incautación de los celulares y los allanamientos solicitados.
En el escrito al que accedió el medio Página12, Heim y Azzolin fundamentaron el requerimiento “tras la concreción de una serie de diligencias”, entre ellas “el análisis genético de ciertos rastros que pondrían a la víctima en el interior de un móvil policial en el que supuestamente (según el policía Alberto González que lo manejaba el 30 de abril) no habría estado”.
Con el material humano encontrado en ese patrullero se realizó un ADN mitocondrial materno, método también aplicado para la identificación de personas desaparecidas durante la dictadura, y que se utiliza para determinar si dos personas comparten el mismo linaje materno.
Se trata de rastros humanos hallados en el patrullero Toyota Hilux patente PQH491, registro policial 27.788, que conducía el oficial Alberto González el 30 de abril, cuando dijo haber detenido a Facundo sobre la ruta 3. Aunque él lo niega, los fiscales sospechan que subió al joven a ese móvil.
Una fuente de la investigación explicó a Página 12, que es una prueba “contundente” en un proceso judicial, puesta en contexto a otras que conforman el dictamen de la fiscalía que ratificó el objeto de la causa como desaparición forzada seguida de muerte.
La jueza federal María Gabriela Marrón aceptó el pedido fiscal para que sea secuestrada la libreta del oficial González, donde llamativamente tenía anotados los datos de la testigo E.H.R, los de su hija, los de Facundo y los de la novia del joven en ese orden. González nunca respondió por qué escribió el nombre de la empresaria rural y datos de su Honda el mismo día de la desaparición de Castro.
Los fiscales afirmaron que “no se comprende el porqué antecediendo a la informal anotación en la libreta en cuestión de los datos de Facundo Astudillo Castro, ya estaban consignados los de esa testigo, incluidas las referencias a la camioneta que tripulaba y en la cual, presumiblemente, habría trasladado al joven”.
Fuente Página 12
