En concordancia con la llegada de una nube de humo ocasionada por la quema de humedales en el Delta del Paraná, la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, presidida por Leonardo Grosso, comenzó este miércoles con el debate sobre una ley de presupuestos mínimos para la protección de humedales.

“Estamos empezando el tratamiento y la idea es poder debatir de cara a sociedad la construcción de una ley de presupuestos mínimos de protección de humedales”, dijo Grosso, y destacó que recibió “más de cien solicitudes de organizaciones de la sociedad civil” para participar de las reuniones informativas.

El legislador señaló que a raíz de los incendios en el Delta del Paraná, que impactan en Rosario, “hoy por la mañana, casi como una señal de la naturaleza, el viento nos trajo el humo hasta la Ciudad de Buenos Aires, que pudo ser testigo del impacto de estas prácticas”.

El diputado del Frente de Todos explicó que hay presentados proyectos de varios bloques, como por ejemplo el Partido Socialista, de la mano de Enrique Estévez, y la Coalición Cívica, a través de una iniciativa de Maximiliano Ferraro.

Además, el oficialista recordó que el tema está en debate desde el año 2013 en el Congreso, donde los proyectos nunca pudieron avanzar. “Cada día que pasa es un día perdido y cada vez está más complicada la situación”, advirtió Grosso.

Del encuentro participaron también representantes del Consejo Municipal de Rosario que describieron el “desastre ambiental” que se vive en la zona y advirtieron sobre los perjuicios a la salud de la población por la quema de los pastizales en las islas de Santa Fe y Entre Ríos.

La convocatoria tuvo su repercusión virtual ya que fue acompañada por un “tuitazo” que se convirtió rápidamente en Trending Topic en reclamo de una ley de protección de los humedales.

Aníbal Faccendini, director de la cátedra del Agua en la Universidad Nacional de Rosario y magister en ambiente, describió que los humedales ocupan “el 22 por ciento del territorio nacional y el 40 por ciento de la diversidad biológica”, que son “grandes reguladores del agua, como elemento vital para el bien común y no comercializable” y actúan como “esponja del carbono”. En ese marco, propuso trabajar en un proyecto con “perspectiva ambiental del Estado”.

Diputados de distintas bancadas respaldaron la convocatoria y asumieron el compromiso de “buscar los consensos necesarios” para redactar una ley “de la misma magnitud que el problema”. Aunque también, hubo miradas diferenciadas.

“Hay un avance de la frontera del agronegocio sin ningún tipo de control y llevando a cabo prácticas perjudiciales para la biodiversidad“, había dicho Grosso al convocar a la comisión y presentar su propio proyecto que establece penas de hasta con 6 años de prisión a infractores y multas de hasta 840 millones de pesos.