Por la tarde de ayer se realizó la segunda jornada de debate sobre el cupo laboral en el sector público para travestis y personas trans en la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados que preside la legisladora del Frente de Todos, Monica Macha.
El encuentro fue moderado por la periodista Amanda Alma y contó con la participación de diferentes funcionarios del área de género y diversidad de diferentes provincias.
El objetivo, según anunció Macha, es buscar un dictamen unificado entre las propuestas de Cristina Alvarez Rodriguez, Gabriela Estévez, Leonardo Groso; del Frente de Todos; Brenda Austin de la UCR; y la propuesta de Nicolas del Caño y Romina del Pla, del Frente de Izquierda.
“La idea es generar el mejor proyecto, el más eficaz, el que genere la posibilidad de inclusión más rápida para que verdaderamente quien siga en una instancia de prostitución, sea por elección”, explicó la titular de la comisión.
Alvarez Rodriguez advirtió que “la falta de derechos para la población trans/travesti es una condena a muerte” y por eso “el Estado debe ser el primero en promover la igualdad de oportunidades”. La normativa propuesta por el bloque del FdT propone un cupo del 1,5% en el Estado Nacional, organismos descentralizados, entes públicos no estatales y empresas del estado.
Alba Rueda, subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, fue la primera en exponer. “El orgullo se transforme en reconocimiento sobre nuestros derechos”, aseguró la funcionaria.
A su vez destacó que “el cupo trans es una prioridad absoluta para nosotres” porque sin esta medida, “no habrá personas trans aportando a los cambios culturales” y esto redundaría en “un futuro en blanco y negro”, sin diversidades.
Roxana Rodriguez de la Dirección de Diversidad y Género de Santa Cruz, admitió que una ley de cupo trans sería “reparatoria”, pero aseguró que “nos quedamos cortos, es importante insistir en la ley integral trans para que todos los derechos que le corresponden a la comunidad trans sean tenido en cuenta”.
A su vez precisó que según relevó la Federación LGBT, ATTTA y la Fundación Huésped, entre otras entidades, solo el 32% de la población trans concluyó los estudios secundarios, el 80% no tiene obra social, y en el caso del 20% que si la tiene; no se respeta la Ley de Identidad de Género.
También informó que las personas trans y travestis tienen un promedio de vida de entre 35 y 40 años por sus condiciones de vida “precarias”, y añadió que “recién este año se van a incorporar en el Censo”, ya que antes se calculaba esta población “a partir del error”.
