Raúl Dávila falleció quemado en la ciudad de Chascomús, Provincia de Buenos Aires, tras un incendio que se produjo en el calabozo de la comisaría donde estaba detenido hace dos semanas. El joven de 22 años se encontraba recluido por “resistencia a la autoridad”, delito leve cuya sanción no puede superar las 48hs de prisión.

Según informaron los efectivos, la propia víctima fue quien generó el incendio, pero aun queda por probar como fue que se inició el fuego y por qué las llamas llegaron a quemar el 50 por ciento del cuerpo de Dávila, antes de que los agentes intervinieran.

La Comisión Provincial por la Memoria se encargó de denunciar el hecho y a través de un comunicado aseguró que “la policía bonaerense y la justicia provincial deberán responder ante esta nueva muerte evitable”.

Además informaron: “Raúl fue detenido el 27 de junio luego de una discusión con el padre de su novia. El hombre llamó a la policía y cuando los agentes se hicieron presentes detuvieron al joven bajo la excusa de resistencia a la autoridad“.

A su vez agregaron que: “hasta el jueves, Raúl permanecía detenido por un hecho menor por el cual el fiscal pedía tres meses de prisión en suspenso para un juicio abreviado. La justicia no sólo rechazó su excarcelación sino que además dictó la prisión preventiva“.

Según la versión de los efectivos que se encontraban en la Comisaría Primera de Chascomús, el jueves por la noche, al llegar la noticia de la prisión preventiva, Dávila habría decidido incendiar el colchón -que por normativa debe ser ignífugo- de su calabozo a modo de protesta.

Cuando los bomberos llegaron al lugar el fuego había sido disipado por uno de los policías pero el joven ya tenía quemaduras graves, por lo que se lo derivó al Hospital Municipal San Vicente de Paul donde finalmente falleció el viernes por la tarde con el 50 por ciento del cuerpo quemado.

Antes del injustificado dictado de prisión preventiva por un delito menor, con pedido de pena de tres meses en suspenso, Dávila no tendría que haber permanecido en la comisaría más de dos días.

Para la Comisión “este hecho alerta una vez más sobre la detención de personas en comisarías por delitos leves y plazos extensos. En este caso fueron más de 14 días cuando no se pueden superar las 48 horas“.

La causa hoy está caratulada como “averiguación de ilícito” e interviene el Juzgado de Garantías Nº 5 de Dolores a cargo de Christian Gasquet y la UFID número 10 del fiscal Jonatan Robert.

Robert tomará declaración a los efectivos mientras se esperan los resultados de la autopsia. Mientras la Comisión pidió que “la justicia garantice una investigación transparente, independiente, eficaz y rápida, apartando a la fuerza policial de todo el proceso“.