Con un amplio consenso entre el oficialismo y la oposición, la Legislatura porteña aprobó ayer la Ley de Fomento de la Economía Popular, una iniciativa que contó con el impulso de las organizaciones sociales.

Con un amplio consenso entre el oficialismo y la oposición, la Legislatura porteña aprobó ayer la Ley de Fomento de la Economía Popular, una iniciativa que contó con el impulso de las organizaciones sociales. La norma fue aprobada con 52 votos positivos tanto del oficialismo como de la oposición, con la única abstención de los legisladores de la izquierda.

La UTEP sección Capital participó activamente del debate de la propuesta en la Legislatura. Junto a legisladores y legisladoras de todos los bloques, compartieron miradas con el Ministerio Público de la Defensa, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat (donde fueron recibidos por la ministra María Migliore), quienes elaboraron el proyecto.

Desde las organizaciones sociales celebraron el tratamiento la sanción de la ley, especialmente en el contexto de crisis económica que atraviesa los sectores más vulnerables de la sociedad.

“Saludamos que se haya aprobado la ley, en este contexto de crisis social y económica. Ahora esperamos poder trabajar en conjunto y poder articular con la Ciudad desde el ReNaTEP (Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular)”, señala Sonia Lombardo, directora del Registro Nacional de Efectores Sociales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

“Es una buena ley. Esperamos que verdaderamente el impulso y el sentido de la ley se traslade al desarrollo económico, productivo y social de estos trabajadores y su posibilidad de crecimiento”, agrega Lombardo.

Por su parte, Juan Ardura de UTEP Movimiento Evita dijo “que se apruebe una ley de la economía popular en el ámbito de la Legislatura tiene que ver con el carácter cada vez más presente y más evidente de la importancia y la realidad de nuestro trabajo”.

“Generamos distintos encuentros con todos los sectores que constituyeron esta ley, expresando nuestras preocupaciones y llevando propuestas concretas, como la creación de un consejo de la economía popular y la articulación del ReNaTEP”, destaca Ardura.

El texto determina la creación del registro de Unidades Productivas de la Economía Social, que abarca a sectores de la actividad textil, elaboración de alimentos, logística, cuidados, construcción, comercio y de la economía verde. Este registro posibilitará a los inscriptos acceder a los programas y beneficios.

Además, se constituye el Fondo Fiduciario para el Desarrollo de la Economía Social (FONDES), conformado mediante el aporte de fondos públicos y privados para financiar proyectos productivos, tendiendo un puente entre ambos sectores y otorgando la posibilidad a individuos y a Unidades Productivas la posibilidad de acceder a nuevas formas de financiamiento.

“Una ley de fomento de la economía popular en la Ciudad es un paso más en la institucionalización y reconocimiento de los trabajadores y trabajadoras, y se inscribe en un largo camino de lucha y organización que se emprendió hace muchos años”, dice Marina Joski de UTEP La Dignidad, y agrega: “El reconocimiento como sector es una deuda importante con quienes en los momentos más difíciles del país han sabido organizarse e inventar actividades económicas para poner de pie a sus familias, a la ciudad y al país”.

La ley también otorga beneficios impositivos para las Unidades Productivas que se encuentran inscriptas en la categoría de monotributo promovido ante la AFIP: estarán exentas del impuesto sobre los Ingresos Brutos por el plazo de tres años a partir de su entrada en vigencia, facilitando de esta manera el camino hacia la formalización.

Por otro lado, el programa de fomento del crédito del Banco Ciudad financiará de manera preferencial la compra de insumos por parte de las unidades productivas de la economía social con el objetivo de “fortalecer la producción de aquellas que tengan compromisos de compra y contratación con organismos del sector público porteño”.

“Necesitamos una Ciudad que se comprometa a impulsar las unidades productivas y cooperativas, la economía popular no son fundaciones, son trabajadores y trabajadoras que inventaron su trabajo. Necesitamos porcentaje de compra directa y un adelanto contra certificación para el desarrollo de las cooperativas”, explicó Martín García de la UTEP Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

Por su parte, Diego Laudi de la UTEP Corriente Clasista y Combativa (CCC) celebró que “esta ley, en el marco de esta grave crisis económica y social agudizada por la pandemia, es un avance en el reconocimiento de las organizaciones sociales y populares y su lucha por trabajo”, y advirtió: “Resta ahora ver la asignación presupuestaria y posterior implementación”.

La Secretaria Letrada de Empleo y Economía Popular del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad había realizado una serie de observaciones al proyecto, al destacar la falta de especificación de las ramas de trabajo y de la representación del sector en el Comité Ejecutivo y Consejo Asesor, entre otras cosas.

Algunas de las propuestas que las organizaciones presentaron, como también ciertas modificaciones que se realizaron al proyecto original, están orientadas a tener un impacto real en el desarrollo social y productivo de las y los trabajadores de la economía popular:

•         La creación de una Consejo de la Economía Popular con representación de todos los actores involucrados y la incorporación de las organizaciones representativas del sector en el Comité Ejecutivo del Fondo Fiduciario para que los y las protagonistas del sector puedan velar por el cumplimiento de la ley y tengan capacidad de incidencia en los criterios de planificación y distribución de las distintas herramientas que la ley propone.
•         La articulación con el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular y el reconocimiento de las ramas de actividad económicas allí contempladas.  El ReNaTEP se creó este año en el Ministerio de Desarrollo Nacional producto de la lucha de los movimientos. La articulación permite evitar la multiplicidad de trámites a los que siempre se expone a las y los trabajadores, y optimizar los instrumentos y herramientas con las que ya contamos.
•         Regulación de las tasas de interés y los tipos de créditos que se proponen impulsar. Tanto el financiamiento a partir del Fondo Fiduciario como los créditos con el Banco Ciudad son las herramientas más importantes de la ley, pero no aparecen especificaciones básicas que finalmente hacen a su utilidad real para el sector.
•         Incorporar un porcentaje de compra a la economía popular, que todos los organismos del Gobierno de la Ciudad deban cumplir con un porcentaje mínimo de competencia en la compra directa entre el propio sector de la economía popular, para garantizar su desarrollo y acompañamiento de manera coherente con lo que implica la ley. Si el Estado se compromete, da un ejemplo a los privados.
•         Adelantos contra certificación en las primeras contrataciones directas, para garantizar el impulso sin deuda inicial hasta lograr tener la capacidad financiera de las unidades productivas de la Economía Popular.