La normativa establece la capacitación obligatoria en perspectivas de género para quienes desempeñan una función pública en cualquiera de los tres poderes del Estado.
La misma fue sancionada por el Congreso nacional en el 2018 y lleva su nombre por Micaela García, la joven que fue asesinada y violada en Gualeguay en el 2016. Tucumán fue la última provincia en adherirse.
El bloque de Fuerza Republicana, dirigido por Ricardo Bussi y Nadima Pecci, fue el principal opositor a la norma y presentaron una iniciativa alternativa junto al radical Raúl Albarracín. Pese a esto el dictamen ya contaba con la mayoría dentro del bloque oficialista y mayoritario de la provincia.
Pese a esto la ley presenta una modificación respecto a la original: los encargados de la aplicación y control de la normativa serán los titulares de cada poder del Estado; no el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la nación.
Soledad Deza, abogada feminista y referente del movimiento Mujeres x Mujeres señaló a Página 12: “Es una forma de fragmentar la implementación y así vaciarla de contenido”. A su vez advirtió que esta decisión: “abre el jugo a que cada poder del Estado haga lo que quiera con los contenidos de las capacitaciones”.
Marieta Urueña Rosso, referente del movimiento Ni Una Menos de Tucumán afirmó: “La provincia tiene una larga tradición en el pensamiento retrógrado de sus autoridades. Basta con ver que tenemos un retraso de 18 años en adherir a la norma nacional que garantiza la salud sexual y reproductiva y todavía no hay voluntad política para hacerlo”.
El diputado Raúl Albarracin al justificar su voto en contra dijo: “la ideología de género tiene fobia al hombre, al matrimonio, a la familia y a la maternidad“. Semanas atrás junto con tres compañeros de bloque había presentado un proyecto que proponía el “pleno derecho constitucional a la objeción de conciencia ante la capacitación”. A su vez, en Tucumán, es reconocido por haber logrado que se cancelara el debate por la adhesión a la norma que establece el Cupo Laboral Trans.
Nadima Pecci, junto con Ricardo Bussi, hijo del genocida Domingo Bussi;presentaron semanas atrás un proyecto que se oponía a la Ley Micaela. La semana pasada el legislador Bussi señaló durante una entrevista radial: “no conozco casos de asesinato por condición de mujer“.
Mientras se trataba la ley, organizaciones feministas y de derechos humanos se movilizaron frente al congreso provincial.
