El proyecto avanzó con el apoyo del Frente de Todos, mientras que Juntos por el Cambio se opuso a la iniciativa. El oficialismo tiene mayoría para darle media sanción, aunque deberá negociar en Diputados.

El proyecto de reforma judicial enviada por el Poder Ejecutivo obtuvo dictamen ayer en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales del Senado y ya está lista para ser debatida en el recinto, donde el oficialismo tiene mayoría para darle media sanción.

La iniciativa, que sufrió modificaciones y podría ser tratada sobre tablas la próxima semana, contó con el apoyo de los legisladores del Frente de Todos, en tanto que el interbloque de Juntos por el Cambio y sus aliados se opusieron a la reforma en la Justicia.

La senadora y titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Ángeles Sacnun, señaló que el proyecto podría seguir siendo modificado hasta el momento de iniciar el debate.

Entre los cambios que se incorporaron, Sacnun destacó que los sorteos de jueces pasarán a ser grabados en busca de mayor transparencia, y que se dio marcha atrás a la unificación de los fueros Civil y Comercial y Contencioso Administrativo. 

La senadora reconoció que no creía “que con solo esta ley” se solucionarán “las grandes dificultades que tiene la justicia federal, pero este es un paso muy importante” y resaltó el artículo 70 del proyecto que “busca evitar que el Poder Judicial sea presionado por los poderes fácticos de la Argentina”.

Es justo en la redacción sobre los cambios en la justicia Federal, sobre todo en ese mundo llamado Comodoro Py, que pasaría a administrar 46 juzgados contra los 12 actuales, donde el oficialismo no recogió ninguna modificación propuesta por los senadores de la oposición.

En la Cámara de Diputados el oficialismo tiene los números ajustados para aprobar la ley y deberá negociar, por lo menos, con 11 legisladores de la oposición, ya que cuenta con 119 diputados propios.

El proyecto redactado por el Gobierno crea la Justicia Federal Penal, mediante la consolidación de los fueros Criminal y Correccional Penal y Penal Económica. Entre otros puntos, también prevé la unificación de las Cámaras de Apelaciones y la creación de tribunales orales; se establece que los concursos del Consejo de la Magistratura para cubrir nuevos juzgados deben realizarse por prueba de oposición oral y pública; y se traspasa a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la totalidad de los delitos no federales cometidos en su territorio.