Repudio generalizado de estudiantes latinoamericanos por la dolarización que exige a los migrantes sin documentos permanentes a pagar, en medio de la crisis económica, 7500 dólares por una carrera de 4 años. “Es una resolución clasista, racista y xenófoba”.
En febrero de 2018, el rectorado de la Universidad Nacional Tres de Febrero (UNTREF) firmó la Resolución 289/18 por la cual cualquier migrante que cuenta con un documento temporario, precaria de residencia o que se erige como solicitante de refugio y asilo o pasaporte, no podrá ingresar en ninguna de las carreras de pregrado y grado que ofrece esta casa de estudios si no abona 200 dólares en concepto de matriculación y 150 dólares en concepto de cuota mensual.
Mientras algunos creen que la decisión del Consejo Superior de dicha universidad tiene muchas influencias o presiones de las autoridades locales de Juntos por el Cambio -el intendente de Tres de Febrero es Diego Valenzuela-, otros argumentan que esta determinación no tiene vínculo con la ideología del gobierno anterior, que implementó el DNU 70/2017 para limitar las condiciones de permanencia e ingreso de les migrantes al país.
La difícil situación socio-económica de migrantes y refugiados reanimó el debate sobre este tema en las redes sociales, puesto que el salario mínimo está calculado en apenas 101 dólares mensuales y el 58% de les migrantes dejó de percibir un salario durante la pandemia. Además, muchos de ellos y ellas enfrentan dificultades para seguir cursando en distintas universidades.
La UNTREF es una de las universidades públicas del conurbano y está sometida al Decreto Nº 29.337, por el cual sus servicios educativos deben ser gratuitos. Al mismo tiempo, esta casa de estudios es una de las pocas que ofrece carreras como la licenciatura en sistema de información geográfico y la licenciatura en protección civil y emergencias. Sin embargo, hoy está exigiendo a los migrantes sin documentos permanentes a pagar por una carrera de 4 años la suma total de 7500 dólares estadounidenses.
Tanto les estudiantes migrantes, así como aquellos/as que ya obtienen sus títulos pero que se quedan a trabajar en Argentina, rechazan esa resolución que viola la Constitución argentina, las leyes migratorias y los tratados/convenciones internacionales sobre migrantes y refugiados, así como los tratados contra el racismo, la discriminación y la xenofobia.
Además, muchos creen que la solicitud de la residencia permanente como requisitos afines de ser exceptuado es una excusa. Aún con ese documento, ningún afrodescendiente, africano o latinoamericano que quisiera realizar una carrera de grado en la UNTREF va a poder porque la fortuna pedida en sí es una barrera. En cambio, el acceso sí es posible es para un norteamericano o europeo. Es una resolución clasista, racista y xenófoba.
Dentro de la AGENDA MIGRANTE 2020, colectivo integrante de Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la campaña #MigrarNoEsUnDelito -que agrupa a investigadores, academicxs, militantes, líderes y referentes de un centenar de organizaciones sociales, académicas y sindicales-, ya están juntando firmas a través de este link : https://forms.gle/KhmW9RiH1GSavJxGA para denunciar este hecho públicamente y a través de los organismos de derechos humanos como el INADI y la Secretaría de Derechos Humanos. Esta petición ya recibió el apoyo de muchas organizaciones e instituciones y se siguen recolectando firmas.
Fuente: El grito del sur
