Los movimientos sociales y sindicatos como Camioneros, Ferroviarios, Smata y la Uocra explicaron el programa que tiene como objetivo ocupar a 4 millones de personas de la economía popular.

Los movimientos sociales nucleados en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) junto a grandes sindicatos como Camioneros, Smata, la Unión Ferroviaria y la Uocra presentaron ayer el Plan de Desarrollo Humano Integral o Plan San Martín, una propuesta para reactivar el sistema productivo y generar puestos de trabajo en la Argentina de la post pandemia.

El programa, que ya había sido llevado al presidente Alberto Fernández en mayo, tiene como eje la promoción del trabajo y un reordenamiento de la población del país, hoy concentrada en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y propone que el Estado genere un nuevo tipo de empleo, el trabajo mínimo garantizado, para ocupar a 4 millones de personas de la economía popular.

La propuesta incluye medidas como la realización de obras públicas, la urbanización de barrios, la creación de colonias agrarias, el desarrollo de polos textiles, de cooperativas de recicladores y de circuitos de cuidado, según informó Página 12.

Sobre los recursos para poder desarrollar al plan productivo, la propuesta plantea que se realice una inversión a una escala mucho mayor, destinando 2,5 puntos del PBI (o 750 mil millones de pesos por año) durante cuatro años, con una planificación que fije metas.

En representación por los movimientos populares hubo dirigentes de Somos Barrios de Pie, la CCC, el Movimiento Evita, el MTE, el Frente Darío Santillán y el MP La Dignidad. Entre ellos, Esteban “Gringo” Castro, Daniel Menéndez, Gildo Onorato, Dina Sánchez, Jackie Flores y Luciano Alvarez. Por el lado sindical estuvieron presentes Pablo Moyano (Camioneros), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), Gerardo Martínez (Construcción), Laura Avalos y Julián Domínguez (Smata).

Los principales puntos del programa presentado abarcan:

• La idea base es la del Estado como garante del empleo. Una de las razones señaladas es que hoy en la Argentina el sector privado está dando empleo en blanco a sólo un tercio de su Población Económicamente Activa, situación que va a agravarse con la pandemia. El concepto es entonces, para la economía popular, crear puestos de trabajo mínimo garantizado, con el Estado como empleador, en ocupaciones socialmente valiosas que sean remuneradas con un salario social complementario. Para este momento, la propuesta es de un salario social de 10 mil pesos por trabajos con una carga mínima de 60 horas mensuales.
• Parte del programa consiste en generar empleo formal, mediante la realización de obra pública (Uocra), y desarrollo del transporte de cargas (Camioneros y la Unión Ferroviaria). El programa menciona que con cada puesto de trabajo en la construcción se crean tres empleos en la economía formal, porque se activan otras actividades como la siderurgia, madera, la industria química, mecánica y de productos de electricidad.
• La propuesta habla así de la creación de 4 millones de trabajos garantizados y 170 mil empleos registrados.
• Junto con el salario social, propone reconocer a los inscriptos en el Registro de Trabajadores de la Economía Popular otros derechos laborales como obra social, Aseguradora de Riesgos de Trabajo, aportes jubilatorios y el derecho a sindicalizarse.
• El programa toma como modelo de referencia, para un marco de comprensión rápida, a los planes quinquenales de Perón. Rescata en este sentido la planificación de obras de manera centralizada, con metas y cronogramas. “En el primer plan quinquenal se construyeron 350 mil viviendas”, es una de las referencias dadas.
• Esa planificación es propuesta para una serie de objetivos que la pandemia volvió relevantes, como la necesidad de descomprimir las grandes ciudades, urbanizar las villas y asentamientos, proteger la producción de alimentos saludables y baratos, ir hacia la producción de energía con métodos no contaminantes.
• Para su financiamiento, plantea que una parte de la inversión ya está cubierta por programas existentes, como el Potenciar Trabajo y la Tarjeta Alimentaria, que totalizan 128 mil millones pesos anuales (sobre un total a invertir de 750 mil millones). El programa sostiene que el 36 por ciento de ese monto tiene un reingreso o recupero fiscal. Para el resto propone una serie de reformas impositivas y “un esfuerzo fiscal adicional del Estado nacional”.

Foto – Página 12