Luego de superar lo peor de la pandemia, el Gobierno activa la urbanización de los barrios populares

Desarrollo Social firmó el fideicomiso con el BICE que financiará el Fondo de Financiación Socio Urbana (FISU), que mejorará las condiciones de vida y dará empleo a los sectores más vulnerables del país.

El Ministerio de Desarrollo Social cerró ayer el acuerdo con el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) que le proveerá los fondos con los que se realizará la urbanización de los barrios populares, compromiso que el Estado asumió en 2018 mediante la sanción de una ley.

El ministro Daniel Arroyo firmó el fideicomiso con el BICE con el que se financiará el Fondo de Financiación Socio Urbana (FISU) para el mejoramiento de los barrios más postergados de la Argentina, una iniciativa que ya cuenta con 11 mil millones de pesos del impuesto PAIS que se cobra a la compra de dólares, pero que estuvo paralizada durante el aislamiento social por la pandemia.

Arroyo aseguró que la integración de los barrios populares será uno de los ejes del ministerio en 2021. “Empezamos un proceso de urbanización que va a ser la política más relevante de los próximos años. Tenemos el objetivo de ir urbanizando de a 400 barrios por año”.

Desde la cartera que conduce Arroyo informaron que prevén, además, crear lotes con servicios sobre tierras fiscales asignadas por la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Esta no será, según informó Página 12, una línea de trabajo de escala tan masiva, pero sí permitirá generar lugares en buenas condiciones para reubicar familias cuando se necesite descomprimir situaciones de hacinamiento. 

La ley sancionada en el Congreso fue impulsada por los movimientos populares, con el objetivo de  mejorar las condiciones de vida de las zonas más vulnerables del país y de generar trabajo para las personas que viven ahí, ya que dispone que el 25 por ciento de las obras fueran realizadas por cooperativas integradas por vecinos.

La secretaria de Integración Sociourbana, Fernanda Miño, quien estará a cargo de llevar el proyecto, explicó que hay 180 proyectos de obras en condiciones de comenzar a realizarse, con su correspondiente trámite y aprobación. Se trata de obras tempranas, es decir de baja complejidad, que no necesitan de maquinarias. Al no poder usar el fideicomiso, hasta ahora sólo se habían puesto en marcha 46 obras en veinte barrios, con fondos de la secretaría. 

“El fideicomiso es una herramienta fundamental para hacer de la integración de nuestros barrios una política que se sostenga en el tiempo. Es la única manera de saldar una deuda histórica con los millones de personas que aún vivimos sin acceso a servicios básicos y también la posibilidad de dar respuesta a la demanda habitacional de las nuevas generaciones, impulsando el loteo social”, consideró Miño.