Los ex jefes de la AFI de Cambiemos además no podrán salir de país. Se investiga si ordenaron operaciones de seguimiento prohibidas sobre la vicepresidenta y el Instituto Patria, en 2018.

Los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante de la gestión de Cambiemos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, fueron procesados por el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé por espionaje ilegal y falsificación de documentos públicos, en la causa en la que se investiga si se realizó espionaje ilegal a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y al Instituto Patria en 2018.

El magistrado además les trabó embargos sobres sus bienes por 2 millones de pesos a cada uno y les prohibió la salida del país, según informó la agencia estatal Télam. También quedó procesado el exjefe de contrainteligencia del organismo, Martín Coste, quien tampoco podrá viajar al exterior y se le fijó un embargo sobre sus bienes de 700 mil pesos.

El juez pudo acreditar que “al menos desde mayo y hasta diciembre de 2018” el director general de la AFI, Arribas, y la subdirectora Majdalani “impartieron órdenes” al procesado exjefe de Operaciones Especiales de la central de espías, Alan Ruiz, para que coordine “un grupo conformado por agentes orgánicos e inorgánicos del área de Contrainteligencia, quienes se dedicaron a realizar tareas de inteligencia y espionaje ilegal“.

Las maniobras de inteligencia ilegal habrían consistido “en llevar a cabo vigilancias, observaciones, obtener información, producir inteligencia, almacenar datos y generar informes sobre distintas personas, por el solo hecho de su pertenencia político partidario, social, sindical y/o cultural“.

Sobre cómo fueron las maniobras de espionaje, el juez narró que “desde fines del mes de julio y los días previos al 7 de agosto de 2018, ordenaron la realización de tareas de vigilancia y observación” frente a la sede del Instituto Patria y del domicilio de la entonces senadora Fernández de Kirchner.

Augé señaló que la finalidad de la operación ordenada a los agentes “era la de observar y registrar a las personas que entraban y salían del lugar, y también si se llevaban o sacaban cosas, si había mudanzas, si se transportaban bolsos, mochilas, documentación o dinero. También debían informar si en esos dos domicilios recibían ese tipo de objetos“.

Para encubrir las maniobras, el constante seguimiento sobre los movimientos de la expresidenta se realizaba en el marco de supuestas amenazas de atentado durante las cumbres internacionales que se llevaron a cabo en la Ciudad de Buenos Aires en 2018.

El juez explicó que tras ser descubierto el delito “intentaron darle apariencia de legalidad a esas actividades prohibidas y para ello elaboraron, rubricaron y utilizaron documentos ideológicamente falsos simulando que aquella actividad había sido realizada en cumplimiento de órdenes recibidas en causas judiciales“.