El proyecto de ley que prevé el acompañamiento de las personas gestantes durante los primeros mil días desde su embarazo tuvo ayer dictamen de comisión y será tratado esta tarde en diputados junto con la iniciativa para legislar la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

La normativa fue despachada por unanimidad de las comisiones de Acción Social, Salud pública y Presupuesto y Hacienda, con pequeñas modificaciones respecto del texto original.

Derecho a la salud integral para les personas gestantes y sus hijes, seguridad social y asistencia económica; y el derecho a la identidad; son las bases de la normativa que se espera que tenga media sanción en el congreso.

La propuesta, enviada por el Poder Ejecutivo, recibió una serie de modificaciones respecto del texto original. Así lo detalló al comienzo de la reunión el titular de la Comisión de Salud, el tucumano Pablo Yedlin, que señaló que se enriqueció la redacción “a través de proyectos previos, concomitantes o ideas que han aportado al proyecto final”.

Paula Penacca, diputada del Frente de Todos que realizó algunos de los aportes para modificar el texto original del proyecto, particularmente en relación al artículo 23 que refiere a los embarazos de alto riesgo, como los que cursan las personas con trombofilia, explicó que “hay ciertas resistencias a incorporar el estudio de diagnóstico por trombofilia, y muchas veces tienen que perder un embarazo para que se inicie el diagnóstico”.

En este sentido el proyecto -con las modificaciones incorporadas- dispone que la autoridad de aplicación deberá garantizar el acceso a los estudios diagnósticos gratuitos y a los tratamientos “para aquellas personas con sospecha de trombofilia por indicación médica, según criterio del profesional tratante, según protocolos establecidos por la autoridad de aplicación y basado en antecedentes tanto obstétricos como no obstétricos”.

Garantizar el acceso al sistema de salud, tanto para la persona gestante durante el embarazo, como para el niño o niña al nacer y hasta los mil días de vida, es el objetivo de los artículos englobados en los capítulos 4 y 5 del proyecto, que establecen la creación de un modelo de atención integral, “teniendo en cuenta las particularidades territoriales de todo el país”, y la capacitación de los profesionales y equipos de trabajo comunitarios que intervengan en la implementación de la Ley.

Siguiendo el análisis que Gabriela Bauer, directora de Salud Perinatal y Niñez del Ministerio de Salud de la Nación, realizó durante la reunión informativa en comisiones, dentro del eje de salud integral hay tres instancias: sobrevivir, prosperar y transformar. La cobertura de insumos básicos -vacunas, medicamentos esenciales, leche y alimentos-, tiene que ver con un primer paso para garantizar el bienestar de la persona gestante así como de su hije.

Además, la normativa dispone la creación de un protocolo para la atención especializada hacia mujeres u otras personas gestantes en situación de violencia por razones de género y también para los casos de embarazos en niñas y adolescentes menores a quince años. “Se garantizará una atención oportuna del servicio de salud para la detección de un posible abuso sexual con todos los resguardos necesarios para preservar su privacidad y la confidencialidad y respetar la autonomía progresiva”, señala el texto del proyecto.

En cuanto a la garantía de la igualdad de derechos y de oportunidades, el proyecto amplía algunos de los beneficios sociales ya existentes y añade, a la Ley 24.714 que establece las asignaciones familiares, una Asignación por Cuidado de Salud Integral, a la que podrán acceder quienes se hayan inscripto en la Asignación Universal por Hijo (AUH) por Protección Social, que tengan a su cargo un hijo o hija menor a 3 años, y “que acrediten el cumplimiento del plan de vacunación y control sanitario”. Este beneficio podría alcanzar, según estimaciones del Anses, a más de 700 mil chicos y chicas.

En su artículo 7, la norma prevé ampliar la Asignación Universal por Embarazo: de las 6 mensualidades actuales se extiende a 9 mensualidades, que se harán efectivas desde la decimosegunda semana de gestación, por lo que, tras el nacimiento, se sigue percibiendo durante tres meses más.

Por último, el proyecto extiende el pago por nacimiento y adopción, elimina la condición de antigüedad y habilita el acceso al mismo para las personas beneficiarias de la AUH.

Para abordar desde la raíz uno de los problemas en el acceso a los derechos y beneficios de ayuda social, que es la falta de documentación, el Plan de los Mil Días crea el sistema de alerta temprana de nacimientos para garantizar la inscripción e identificación inmediata de recién nacidas y nacidos.

A través de este sistema, los profesionales de la salud o agentes sanitarios que participen del parto, ya sea dentro de una institución médica pública o privada o por fuera del sistema sanitario formal, deberán informar al Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la jurisdicción que corresponda, así como al Registro Nacional de las Personas (RENAPER) quien se encargará de emitir un Certificado Digital de Hechos Vitales.

Fuente Página12