Cooperativas, cuidadoras, cartoneros, vendedores informales y muchos otros ahora serán parte de las políticas activas del Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaría de Economía Social para poder acceder a créditos e dialogar desde el lugar de trabajadores, con la economía formal.
Esta es una iniciativa de la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social en la que se viene trabajando codo a codo con los movimientos y que servirá para pensar políticas públicas para un sector históricamente relegado, y hoy expuesto ante las consecuencias de la pandemia. Esta política se articula además con una de las políticas centrales del Ministerio de Desarrollo Social que es el Ingreso Universal Básico.
“El registro tiene dos grandes objetivos. Por un lado, que el Estado conozca a partir de información detallada la realidad de los trabajadores del sector en todo el país, para planificar e implementar políticas acordes sus necesidades. Por otro lado, avanzar con el reconocimiento en términos de derechos favoreciendo a los trabajadores con beneficios fiscales y financieros en términos de crédito”, firma Sonia Lombardo, socióloga y Directora del Registro Nacional de Efectores Sociales, que depende de la Secretaría de Economía Social liderada por Emilio Pérsico.
En este sentido, la Directora comenta que se está pensando en generar una cuenta bancaria que les permita operar como así también se está trabajando con AFIP en poder generar un monotributo a costo cero, que le permita al eslabón más bajo acceder a beneficios financieros, y puedan recibir créditos.
“Son trabajadores y trabajadoras de la Economía Popular aquellos que se desempeñan de manera individual o colectiva en unidades productivas con diversas modalidades organizativas, habiendo generado su propio trabajo con el objeto de producir, crear, circular o comercializar bienes y servicios que sustenten su propio desarrollo, el familiar o el comunitario. Las unidades productivas donde se desempeñan están caracterizadas por estar inscriptas en relaciones asimétricas en el ámbito laboral, financiero, comercial o fiscal. Está posición condiciona los niveles de acceso a derechos, ingresos, capitalización, tecnificación, comercialización y productividad”, explica Sonia Lombardo.
El registro está organizado en ocho ramas, para diferenciar los segmentos de la economía popular: 1) Comercio popular y trabajos en espacios públicos 2) Recuperación, reciclado y servicios ambientales 3) Construcción e infraestructura social y mejoramiento ambiental 4) Industria manufacturera 5) Servicios socio-comunitarios 6) Agricultura familiar y campesina 7) Transporte y almacenamiento 8) Servicios personales y otros oficios.
Están habilitados a registrarse quienes tengan 18 años o más y no posean a su nombre más de dos inmuebles, ni tampoco cuenten con un trabajo en relación de dependencia que supere el salario mínimo vital y móvil. Tampoco podrán acceder quienes estén inscriptos en el régimen simplificado de pequeños contribuyentes: sólo se admitirán las categorías A, B, C y D o titulares del monotributo social o monotributistas “promovidos”.
