El sábado, miles de voluntarios del Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa iniciaron la campaña en las sucursales de seis grandes cadenas de supermercados de Capital Federal, así como de las provincias de Buenos Aires, Neuquén, Mendoza, Río Negro, con la intención de que “paulatinamente” se extienda a todo el país.

“Hacemos esta campaña para controlar los precios, mucho más después de la difusión de los últimos datos del INDEC sobre un incremento del precio de los alimentos y bebidas alcohólicas, de casi el 4,8 por ciento en enero. Nos parece que hay un abuso brutal por parte de los formadores de precios, principalmente de los hipermercados. Vamos a garantizar que (el programa) Precios Cuidados se lleve adelante, y si no hay cumplimiento, por supuesto que haremos las denuncias correspondientes a la Secretaría de Comercio”, señaló a Tiempo Gildo Onorato, dirigente de la UTEP y presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita.

La campaña también abarca la colaboración en el control del cumplimiento del programa de acuerdo de precios de la carne, junto con “mesas de difusión” y reparto de volantes informativos a los consumidores. “También queremos controlar que haya stock de los productos de Precios Cuidados, porque muchas veces se hacen los acuerdos de precios, pero esos productos no están en góndola”, recordó Onorato.

¿Cómo piensan, los movimientos y el Gobierno, el rol de estos actores sociales en el control y la formación de precios? Walter Córdoba, coordinador de Somos Barrios de Pie Ciudad de Buenos Aires, analizó: “Creemos que tenemos un rol de difusión, de articuladores de las políticas públicas y, sobre todo, de crear una corriente de opinión que genere una presión popular. Hay una demanda, un malestar muy grande con la suba de precios, en algunos casos indiscriminada, irracional e inentendible”.

Por su parte, el referente de la Corriente Clasista y Combativa y diputado nacional Juan Carlos Alderete (FdT) aclaró a este medio: “Nosotros ponemos una curita, pero es la Secretaría de Comercio la que tiene que controlar los precios de los más grandes, de los que producen, de cuánto cuesta producir, de los intermediarios. El Estado tiene las herramientas para hacerlo. La potestad de policía y control la tiene el Estado, no las organizaciones. Nosotros estaremos alertando, en cada uno de los supermercados, sobre los precios que se acordaron con el Gobierno”.

Desde una parte del Gobierno, en tanto, observan con buenos ojos la iniciativa. Tras una reunión en Desarrollo Social, el viernes pasado, con los movimientos sociales, sindicatos, PyMEs y pequeños productores, y más allá de remarcar que el control de precios lo hace la Secretaría de Comercio, ahora con la colaboración de las organizaciones, desde esa cartera nacional recordaron a Tiempo una frase frecuente del ministro Daniel Arroyo: “No hay solución al problema social argentino sin un rol activo de los movimientos sociales”.