En CABA se subasta un Centro de Desarrollo Infantil mientras que siguen faltando vacantes

Se trata de un centro al que acuden las familias cuando quedan excluidas del sistema educativo. El mismo forma parte del ciclo de jardín maternal, de 45 días a 3 años.

Ubicado en la comuna 5, forma parte de los 22 establecimientos que albergan a niños y niñas entre los 45 días y los 3 años de edad. Los mismos fueron en principio jardines de infantes dependientes del Ministerio de Educación porteño, pero luego de con el paso de los años ser desvinculados de la cartera educativa, fueron transformados en CeDIs (Centros de Desarrollo Infantil).

Las familias que no logran conseguir vacantes en los jardines de infantes o maternales, terminan siendo derivadas a los CPI -Centro de primera infancia- o CeDI. En estos últimos la diferencia es que no cuentan con un programa educativo ni con un equipo docente preparado para la formación.

En el transcurso de las últimas horas trascendió que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el mismo que está a cargo de garantizar las vacantes de los niños y las niñas de la Ciudad, subastará el edificio público donde funciona el espacio.

Dicho centro está ubicado en Pringles 340 y forma parte de la Comuna 5. En la misma, faltan aún unas 500 vacantes de niñes que aspiraron a ingresar -como es su derecho- a la educación inicial y no lo consiguieron.

A raíz de esta situación, el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC) realizó varias presentaciones judiciales para obtener el remate, y, a su vez, presentó una campaña para que el Gobierno porteño convierta tanto ese edificio como uno lindero en jardines de infantes.

Como sabemos el Gobierno de la Ciudad ha llevado un plan sistemático de ventas de tierras públicas de edificios y departamentos de alrededor de 60 inmuebles, que figuran edificios donde funcionaba un Centro de Desarrollo Infantil, entre los que se encuentra el de Pringles 340 a 344”, declaró en diálogo con Tiempo el titular del ODC Jonatan Baldiviezo. “Nos encontramos con un manejo de los bienes del Estado para favorecer a negocios especulativos y no para favorecer a las necesidades de la comunidad educativa ante la falta de miles de vacantes en la educación pública”.