El titular del Juzgado Federal Nº 1 de Salta, Julio Leonardo Bavio, habilitó la feria judicial para rechazar un recurso colectivo interpuesto, entre otros, por la ex senadora nacional María Cristina Fiore Viñuales, que buscaba suspender la vigencia de la Interrupción voluntaria del embarazo.

“No ha lugar por improcedente” fue la sentencia que utilizó el juez para desestimar la medida cautelar solicitada para suspender los efectos de la 27.610.

Para fundamentar su rechazo, Bavio se basó en el antecedente del caso “Thomas”, cuando hace más de una década la Corte suprema de la Nación revocó una medida cautelar dictada por la Justicia Federal de Mendoza. En ese momento, el diputado Enrique Thomas había presentado un recurso para suspender en todo el territorio nacional los efectos de Ley de servicios de comunicación audiovisual. “Ningún juez tiene en la República Argentina el poder de hacer caer la vigencia de una norma ‘erga omnes’ (de modo general), ni nunca la tuvo desde la sanción de la Constitución de 1853/1860”, se lee en el fallo que Bavio utilizó para argumentar su postura.

El salteño continuó argumentado que de tenerse en cuenta la cautelar, eso sería “una significativa incidencia sobre el principio constitucional de división de poderes”, para alterar “gravemente el modelo de control constitucional de las leyes consagrado” por la Constitución Nacional.

El trámite judicial comenzó en diciembre de 2020, incluso antes de que se aprobara la ley de Interrupción voluntaria del embarazo. En ese momento, Fiore Viñuales (actual presidenta del Partido Renovador de Salta) denunció al Ministerio de Salud de la Nación y pidió que se evaluara la inconstitucionalidad del protocolo de la ILE.

En ese texto, además, la ex senadora junto con otros demandantes solicitaros que se declare que la existencia del ser humano comienza desde el momento de su concepción y que por eso tiene derecho a la vida.

El 18 de enero, algunos días después de que se promulgara la ley de ILE, el grupo amplió los alcances de su denuncia para transformar a la nueva norma en el objeto principal de la “acción declarativa de inconstitucionalidad” y pedir su inhabilitación a través de la “medida cautelar suspensiva”, medida a la que ahora el juez no hizo lugar.

El protocolo rechazado también buscaba incluir brindarle la posibilidad a la gestante de “entregar en adopción al niño una vez nacido”, además de la notificación de los “efectos traumáticos” que alegaban que la IVE podría traerles. Además, buscaban brindarle información sobre lugares en los que recibir asistencia para continuar con el embarazo.

A pesar de rechazar las dos medidas cautelares, el fallo del juez no hace mención al pedido de inconstitucionalidad de la norma.

Ahora, Fiore Viñuales y el resto de los denunciantes tienen la posibilidad de llevar el caso a la Cámara Federal de Apelaciones de Salta. Todo esto en el marco de una demanda que es patrocinada entre otros por Rodolfo Carlos Barra, ex ministro de justicia durante la presidencia de Carlos Menem, que ya expuso sus argumentos en contra durante el debate por la legalización.

Como el pedido para suspender la ley fue inscripto como un proceso judicial colectivo, otras posibles presentaciones que surjan en el juzgado salteño en cuestión serán absorbidas dentro de este proceso.