Se trata de Olga Díaz, quien fue apuñalada cinco veces por su entonces marido Luis Palavecino y pasó 45 días en terapia intensiva.
Las disculpas públicas llegan por parte del Estado por no haberle brindado protección cuando Olga Díaz denunció a su marido. Actualmente tiene 65 años y vive en Villa Pueyrredón, CABA.
“Estoy todavía en una nebulosa: este pedido no es solo por mí. El Estado les debe disculpas a muchas mujeres que no fueron escuchadas. Tengo la bendición de estar viva. Acepto estas disculpas en nombre de todas ellas, a las que hoy lamentablemente sus familias las lloran. Eso entristece”, declaró en diálogo con Página 12.
La mala praxis judicial correspondió al Juzgado Nacional en lo Civil Nª85, a cargo de Félix G. de Igarzábal. A comienzos de 2010, fue el juez encargado de anular uno de los primeros matrimonios igualitarios realizados en la Ciudad de Buenos Aires, previo a que se sancionara la ley. Por tal resolución, la jueza porteña Elena Liberatori lo denunció, pero no prosperó. Actualmente, sigue en su cargo.
Este jueves, desde las 11 horas, se realizó de manera virtual el acto en el cual le pedieron disculpas a Olga. Estuvo coordinado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y contó con la participación del Minsiterio de las Mujeres, Género y Diversidad. En diálogo con el medio Página 12, Olga contó que en el acto quiere poner énfasis en mencionar los nombres de Úrsula Bahillo y Guadalupe Curual, dos víctimas de femicidios en localidades bonaerenses como consecuencia de un mal accionar judicial.
La historia comienza cuando hace cuatro años, el 24 de marzo de 2017, cuando Olga casi se convierte en una nueva víctima de femicidio. Fue atacada por su marido, quien luego de un matrimonio de 36 años y cuatro hijos la atacó y le provocó varios cortes en el cuerpo, el más grave de ellos en el cuello.
Olga había denunciado reiteradas veces a su entonces marido, pero la justicia nunca actuó. La última vez fue el 2 de febrero de ese año. Luego Olga se salvó de milagro, pasó 45 días en terapia intensiva y dos meses en rehabilitación. En ese intento de femicidio, su ex marido también atacó a uno de sus hijos, que intentaba defenderlas, a vecinos y a personal policial que intervino. Por dicho hecho, Luis Palavecino fue condenado a 20 años de prisión y actualmente cumple condena en la cárcel.
El 23 de octubre de 2019 se firmó el Acuerdo de Solución Amistosa entre el Estado Nacional y la Defensoría General de la Nación. El Acuerdo, que fue aprobado el 17 de agosto de 2020 mediante el Decreto del Poder Ejecutivo de la Nación N° 679, prevé además la adopción por parte del Estado de “medidas de no repetición”, destinadas a mejorar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia por motivos de género, como la capacitación a jueces y personal policial.
Los compromisos que asumió el Estado son:
- Elaborar y publicar un documento con “Principios Generales de Actuación”, dirigido a los operadores del Poder Judicial de la Nación y al resto de los actores que intervienen en la gestión de denuncias de violencia de género, a fin de generar buenas prácticas en la atención de este tipo de casos.
- Capacitar a jueces y personal policial sobre el deber de prevenir, investigar y sancionar la violencia de género y sobre los efectos negativos que tienen los estereotipos de género en la tramitación de las denuncias.
- Convocar a organismos con competencia en la atención de casos de violencia de género para la formulación de un protocolo de articulación institucional. Ante la falta de un fuero especializado, con esta herramienta se pretende lograr una mejor coordinación de los organismos que intervienen en la gestión de las denuncias, para evitar la reiteración innecesaria de las declaraciones de las damnificadas y minimizar su revictimización; así como mejorar los canales de diálogo y articulación entre los distintos juzgados que atienden los reclamos.
- Incluir la evaluación de conocimientos sobre cuestiones de género y violencia contra las mujeres en los concursos para cubrir cargos en el Poder Judicial de la Nación, y confeccionar un registro público de denuncias presentadas contra magistrados/as por situaciones vinculadas con violencia de género, en el que conste el trámite que se les imparte.
- Comunicar el acuerdo de solución amistosa a los juzgados y tribunales con competencia en materia de familia o penal que intervienen en denuncias de violencia de género, ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
