La ministra de Mujeres, Género y Diversidad habló a una semana de que se convierta en ley la Interrupción voluntaria del embarazo sobre los desafíos, obstáculos y cómo se comienza a planear su implementación.

En diálogo con el medio MinutoUno, Elizabeth Gómez Alcorta realizó un balance y recorrido hasta la obtención de nuevos derechos para las personas gestantes. Por otro lado, explicó cómo se implementará la norma en todo el país, cuestionó la posible judicialización de los sectores que la rechazan y contó cuáles son los desafíos en política de género para 2021.

Por un lado, resaltó la profunda emoción que le significó la aprobación de la IVE luego de tantos años de lucha, a la par que reconoció que fue un trabajo en conjunto de las mujeres que mantuvieron esta lucha en la calle y en todos los ámbitos como así también de un sector político que trabajó a la par. “Ha sido un trabajo transversal muy potente que llevamos adelante con los legisladores y legisladoras de los distintos bloques y fue gracias a una estrategia y una decisión política del presidente Alberto Fernández, que fue clave también para poder llegar a conquistar que sea ley. Los márgenes de la votación otorga una fuerte legitimidad a la ley. Hace dos años se había perdido por 7 votos en el Senado y ahora haber ganado por 9 hizo que sea una victoria muy contundente, que nos deja parados distinto para para lo que se viene”, agregó.

La ministra reconoció la importancia de que el debate haya sido dado en 2018, aunque finalmente la ley haya sido rechazada en esa oportunidad en Diputados. En palabras de Alcorta, fue importante ya que llevó la disputa por el aborto legal no sólo al interior del Congreso, sino que contribuyó a que deje de ser un tema tabú en el país y pase a ser algo social y cultural.

En términos de cómo se implementará, agregó que una vez que la ley entre en vigencia tendrá efecto inmediato la “descriminalización de la conducta hasta las semana 14 y con la absolución o el sobreseimiento de todas aquellas personas que se encuentran imputadas o condenadas en las causas por aborto, ya sean médicos o médicas o personas gestantes”.

Aseguró que el Ministerio de salud ya está trabajando en la provisión de Misoprostol para distribuirlo en todo el país, y mencionó que para la implementación de la IVE se deberá realizar un trabajo en conjunto del sistema de salud público con las obras sociales y prepagas.
A su vez, aseguró que provincias como Buenos Aires o Santa fe están más preparadas para su implementación inmediata, pero que en otras deberá haber un “trabajo de hormiga” más profundo.

Respecto de los senadores de la oposición y sectores que aseguraron que iban a judicializar la ley, aseguró que no la preocupa, sobre todo porque “La norma es muy sólida, ya la Corte Suprema se expidió sobre las Interrupciones Legales de los Embarazos diciendo que no hay ningún tipo de contradicción constitucional o normativa. En noventa y nueve años de vigencia de las ILEs nunca un tribunal las declaró inconstitucional”. Y agregó que la apena que luego de haberse aprobado una ley de manera democrática, se trate de hablar de “inconstitucional” y se busque frenar la misma por medio de la judicialización. De todos modos, dejó en claro que se encuentran tranquilos por la solvencia que tiene la ley.

Sobre el balance que hace de cara al primer año del ministerio que dirige (Mujeres, género y diversidad), sostuvo que “El balance es muy positivo. En un año muy difícil pudimos poner en marcha el Ministerio, construirlo en el marco de una pandemia. Pudimos además lanzar el Plan Nacional de Acción contra las Violencias y el programa Acompañar, que es su programa central y una demanda histórica que está vinculada al acompañamiento económico a las mujeres en riesgo por situación de violencia de género. Además, conseguimos que se dictara el decreto de cupo laboral trans, que es altamente transformador, y poner en marcha una enorme política de cuidados, colocando en la agenda pública un tema que todavía la sociedad no lo había tomado. También logramos la motorización de la ley Micaela, capacitando centralmente a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional. Y coronar este año con la sanción de la ley de aborto fue una gran satisfacción”. A su vez, agregó que si bien las tasas de femicidios y violencia de género han sido altas y se han visto incrementadas debido al Aislamiento social preventivo y obligatorio, cree que hubieran tenido un impacto aún mayor de no haber tenido un Ministerio a nivel nacional.

Para finalizar, agregó que los desafíos para este año incluyen “Además de la implementación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, el principal desafío para este año es poder bajar las tasas de femicidio, que es una preocupación constante y diaria. También trabajar como tema prioritario la organización social de los cuidados para que sea más justa. Encontramos ahí el corazón de las desigualdades que tenemos en todos los ámbitos de nuestra vida, no solo en nuestro país, en el mundo. Se creó el año pasado una comisión redactora de un anteproyecto de ley integral de cuidados a través de una resolución con el acuerdo del presidente que va a funcionar hasta junio o julio de este año. Intentaremos elaborarlo para este año”.