Fueron denunciados ante la justicia por entregar dosis a sanatorios privados para ser utilizadas con libre disponibilidad entre sus clientes.
El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y su ministro de Salud, Fernán Quirós, fueron denunciados ante la justicia por incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos por “privatizar” la campaña de vacunación contra el coronavirus Covid-19, al entregar dosis a sanatorios privados para ser utilizadas con libre disponibilidad entre sus clientes.
La denuncia la realizó hoy la abogada Natalia Salvo, quien solicitó la intervención del ministerio Público Fiscal, según informó minutouno.com.
De acuerdo con la denuncia de Salvo, a partir de la cesión de vacunas a centros de salud privados se estaría “otorgando privilegios a dichas instituciones y sus socios por encima del resto de la población”.
En su presentación, la letrada indicó que “la cesión de vacunas en favor de establecimientos sanitarios privados y/o de carácter social en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (…) sin verificar su destino, tuvo por finalidad garantizar la vacunación de personas que no se encuentran comprendidas en los grupos prioritarios que establece el Plan Estratégico para la Vacunación contra la Covid-19 en la República Argentina”.
Parte de las pruebas aportadas por la denunciante son flyers de prepagas y obras sociales que convocan a vacunarse solo a sus socios, excluyendo al resto de la población y limitando la cantidad de vacunas disponibles en el sistema público de Salud.
La abogada advirtió además que la manera en que se está llevando a cabo la campaña de vacunación en la Ciudad “está impidiendo que personas consideradas de mayor riesgo y que necesitan vacunarse, no puedan hacerlo, aumentando sus posibilidades de contraer la enfermedad y fallecer”.
“Lo que supone un programa equitativo que proteja a la población terminaría siendo un negocio de privados por exclusiva responsabilidad de los funcionarios de CABA que deciden que las vacunas sean sólo para socios”, señala la denuncia que presentó Salvo.
Y completa: “En suma, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habría decidido que la salud de los ciudadanos esté privada a quien es “socio” de las instituciones privadas con quien sus funcionarios habrían firmado los repudiados convenios”.
