El anuncio y los puntos de la iniciativa fueron presentados a través de una videconferencia de la que participaron también funcionarios nacionales y familiares de víctimas de violencia policial.
Diputados nacionales del Frente de Todos (FdT) presentaron ayer un proyecto de ley para “prevenir y erradicar la violencia institucional” ejercida por las fuerzas policiales, de seguridad y del Servicio Penitenciario.
La iniciativa impulsa la creación de un Registro Nacional de Violencia Institucional y de centros de recepción de denuncias y de un Programa Nacional para formar en DDHH a las fuerzas de seguridad y la prohibición de que sus integrantes porten armas letales en manifestaciones públicas, según informó Página 12.
El anuncio y los puntos principales del proyecto fueron presentados por la diputada oficialista Paula Penacca, presidenta de la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara baja, en un acto que se realizó por videoconferencia.
La diputada estuvo acompañada por los diputados Leonardo Grosso y Hugo Yasky, quien además es presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, ambos integrantes las dos comisiones, funcionarios del Poder Ejecutivo, como la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y el secretario de DDHH, Horacio Pietragalla, y familiares de víctimas de violencia policial.
Durante la presentación del proyecto, Penacca sostuvo que existe “la decisión política de erradicar la violencia institucional”, para revertir “cuatro años de macrismo, en los que se construyeron discursos de odio y se alentó y legitimó el abuso policial desde las más altas esferas del gobierno”.
Como parte del programa previsto, se contempla un plan de “reentrenamiento y formación con una perspectiva transversal de DDHH para las fuerzas de seguridad, para establecer principios básicos sobre el empleo de armas letales y no letales cumpliendo con los estándares internacionales”.
Por su parte, Leonardo Grosso subrayó que “es urgente reconocer la violencia institucional como un conflicto arraigado en las fuerzas de seguridad y por eso es necesario que la política comience de una vez a construir soluciones estructurales”. Y agregó que “la seguridad democrática no puede entrar en la grieta, eso sólo permite que haya impunidad, discreción y violencia por parte de la policía”.
El legislador insistió en que “en los últimos años se profundizaron los casos de violencia institucional porque el gobierno de Macri, de la mano de (la ex ministra de Seguridad) Patricia Bullrich, tuvo una política de criminalización y de represión social”.
Entre las medidas concretas que impulsa el proyecto del FdT se encuentran crear centros específicos para la recepción de denuncias sobre casos de violencia institucional, el Registro Nacional de Violencia Institucional y un Programa Nacional contra la Violencia Institucional para la formación en DDHH de las fuerzas policiales, de seguridad y penitenciarias.
Además, realizar un acompañamiento psicológico y asistencia jurídica especializada a las víctimas; reparación económica a los causahabientes de casos fatales o desapariciones por violencia institucional; y prohibir a las fuerzas de seguridad la portación de armas letales en manifestaciones públicas.