La Cámara Federal de Casación Penal decidió absolver por supuestas irregularidades en la utilización de esta política monetaria a la vicepresidenta y al gobernador bonaerense por “inexistencia de delito”.

Por “inexistencia de delito”. Esa fue la definición que utilizó la Cámara Federal de Casación Penal al sobreseer ayer a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en la causa dólar futuro.

La decisión de desligar a Fernández de Kirchner y Kicillof de la acusación por supuestas irregularidades en la utilización de esta política monetaria fue adoptada de forma unánime por los jueces de la sala I del máximo tribunal penal, Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, quienes entendieron que la conducta reprochada a los imputados es atípica, según informó la agencia estatal Télam.

El fallo de la Cámara Federal alcanza también al ex titular del Banco Central (BCRA), Alejandro Vanoli, y al actual titular de la entidad, Miguel Pesce, entre otros. De quedar firme la sentencia, ya no deberán afrontar el juicio oral y público solicitado en la etapa de instrucción por el fallecido juez Claudio Bonadio.

El fallo de los jueces se apoyó sobre el informe pericial contable realizado por orden del Tribunal Oral Federal (TOF) 1 que determinó que en la operatoria de contratos de dólar futuro durante el final del gobierno de Fernández de Kirchner no hubo perjuicio a las arcas del Estado ni se violó ninguna norma.

La pericia del TOF 1 fue una medida de prueba que las defensas de los exfuncionarios habían reclamado, sin éxito, durante todo el trámite del expediente y que puso de relieve, además, que la operatoria con dólar futuro es una herramienta estratégica legítima cuya utilización estará seguramente ligada a la política monetaria de cada país.

Los acusados habían solicitado a principio de marzo su sobreseimiento en el marco de una audiencia virtual celebrada ante la Casación luego de que el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 1 les negara el sobreseimiento y decidiera, por mayoría, disponer que la causa avanzara a debate oral y público.

En aquella audiencia realizada por videoconferencia, y que tuvo una alta repercusión al ser transmitida en vivo por distintos canales de televisión, la vicepresidenta aseguró que la causa se “manipuló al calor del proceso electoral” de 2015, que terminaría con la victoria de Mauricio Macri, y que con la operatoria de ese tipo de contratos no se le generó ningún perjuicio al Estado, por lo que exhortó a los jueces que debían decidir si se hacía o no el juicio oral a que “apliquen la ley”.

La presidenta del Senado expuso durante cerca de 50 minutos en los que repasó algunos hitos del expediente judicial, cuestionó el papel de Bonadio y, en un mensaje directo a los jueces que la escuchaban, a quienes les exigió: “Yo no les voy a pedir mi sobreseimiento, les voy a pedir que apliquen la Constitución. Está todo escrito, tienen que aplicar la ley”.